La legitimación de la desigualdad

Quizás lo más simple (en algún sentido) en estos momentos, es responder a la pregunta, ¿qué cambios debemos hacer para mejorar la distribución del ingreso? Eso porque a pesar de que la pregunta es relevante, profunda y aún domina la gran parte de los estudios académicos en ciencias sociales, hay políticas que han sido identificadas como exitosas en la literatura internacional.

Por una parte, están las políticas que distribuyen ingresos en el mercado laboral, como la Coordinación Solidaria Escandinava, que empodera a los trabajadores a través de la negociación colectiva en tres etapas (empresa, sector, nacional), salario mínimo, entre otras. En segundo lugar, están las políticas que distribuyen ingresos después del mercado laboral a través de impuestos y transferencias (Estado de bienestar). Estas últimas implican una carga tributaria más alta (Chile está 15 puntos porcentuales del PIB bajo la media de la OCDE), sistema tributario progresivo, derechos sociales en educación y salud, seguridad social extendida que incluye seguro de desempleo y pensiones garantizadas, y finalmente transferencias monetarias para levantar al que menos tiene. Finalmente, están las formas de producción que distribuyen en el mismo proceso productivo o a través de los impuestos, como empresas públicas y mixtas para la explotación de recursos naturales, impuesto a la riqueza, entre otras. Nada técnicamente demasiado complejo que los técnicos no puedan hacer.

Sin embargo, el problema más complejo que tenemos hoy en Chile no es identificar con qué políticas mejorar la desigualdad, sino quién y cómo se deciden. En el contexto del actual “consenso mínimo” que ha primado los últimos 30 años, este tipo de políticas han estado decididas a priori y según El Mercurio han sido exitosas porque se ha respetado “a pesar de las legítimas diferencias”. El problema con ese “consenso mínimo” o lo que llamaré “problema constitucional” es que es de tal manera inflexible que no ha permitido que las políticas arriba descritas puedan ser aplicadas porque o necesitan más que mayoría simple (leyes supramayoritarias) como la Ley de Enseñanza o la Ley de Concesiones Mineras, lo que hace prácticamente imposible sus cambios por efectos del segundo problema, que es el Sistema Binominal, o se van al Tribunal Constitucional que les cierra la puerta. Este problema constitucional hace ya muchos años que ha impedido que las legítimas demandas por una sociedad menos desigual lleguen a cambios relevantes.

Más aún, otro de los efectos más graves es que como realmente nada puede cambiar de manera relevante, los partidos políticos no logran representar estas legítimas diferencias, transformándose el problema en una “crisis de legitimidad”. Esto es, el “consenso mínimo” se ha transformado en la legitimación de la desigualdad. 

Fuente original: La Tercera, publicado el 27 de octubre de 2019