COMO prácticamente casi todos los mecanismos de financiamiento de la educación superior actuales, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) también fue diseñado usando elementos de mercado con el objetivo de mejorar la calidad del sistema. La idea es “premiar” a las instituciones de educación superior por ser elegidas por los mejores estudiantes. Así, se supone que este crea incentivos para que las instituciones compitan y se eleve la calidad de todas las instituciones. No es difícil darse cuenta que es exactamente el mismo supuesto en el cual descansa el sistema de vouchers en educación escolar.
Sin embargo, sabemos muy bien lo que ha pasado en el país con la incorporación de elementos de mercado en el diseño de políticas públicas en educación: alta desigualdad en la calidad, alta segregación, alto gasto privado, entre otros. Estos resultados son los esperados del funcionamiento de cualquier mercado, en realidad. Segmentación de la oferta en base a las características de la demanda.
La reforma en curso en educación plantea transitar a un sistema de educación que sea guiado por objetivos sociales y públicos, utilizando cada vez menos elementos de mercado y más elementos de derechos sociales. Entre estos elementos de la reforma del sistema de educación superior está el tema del financiamiento de gratuidad.
Ahora bien, la gratuidad en la educación superior no debe ser entendida como un financiamiento de precios de mercado. Los países que tienen financiamiento gratuito en la educación superior tienen como objetivo un criterio de igualdad en la calidad. Por eso, dichos sistemas son más equitativos en su calidad. De hecho, el asegurar condiciones de igual calidad (aún en la diversidad) plantea grandes desafíos en cuanto a cómo financiar a las instituciones.
En general este financiamiento a las instituciones depende de sus funciones. Investigación y docencia en el caso de las universidades. El financiamiento a la investigación usualmente se asigna en base a indicadores de resultados en esa área. Y el financiamiento a la docencia se asigna en base a estimaciones reales del costo de educar a los diferentes profesionales para alcanzar una calidad adecuada.
En estos sistemas no hay nada como un premio a las instituciones por captar a los mejores estudiantes. Todo lo contrario, hay más bien una exigencia de ofrecer una alta calidad a todos sus estudiantes. En Alemania, por ejemplo, cerca de un 5% del financiamiento a las instituciones es por tener una alta dotación de mujeres académicas. Las instituciones no tienen esta idea de competir por estudiantes, sino de responder a fines que tienen que ver fundamentalmente con la generación de conocimiento en el plano de la investigación y la entrega de una docencia en igualdad de condiciones. O premios que tienen que ver con objetivos públicos, como ocurre en Alemania con la brecha de género en la academia.
Por eso, los supuestos incentivos que genera el AFI son muy coherentes con el actual sistema de educación superior, pero completamente incoherentes con el cual se quiere transitar. Este no contiene ningún objetivo público, sólo contiene una creencia de que la competencia nos va a generar un buen sistema educativo.
Un financiamiento con sentido público sería una aporte a las instituciones que tienen un porcentaje alto de sus estudiantes de alta vulnerabilidad socioeconómica o de regiones, por ejemplo. Eso sí es transitar a un sistema con más equidad. Por ello la eliminación del AFI constituiría un avance hacia el tipo de educación superior que el país requiere.
Fuente original: La Tercera, publicado el 28 de noviembre de 2015