Gratuidad y financiamiento

La Nueva Mayoría se planteó con el objetivo de moverse gradualmente desde el neoliberalismo extremo en el que vivimos a uno que apuntaba hacia una “tímida” socialdemocracia.

La gratuidad universal en educación superior no es la política social más importante, pero se planteó que era el primer paso en el establecimiento de una sociedad de derechos a los cuales se accede según necesidad y se contribuye según capacidad, en oposición a la mercantilización de estos, donde cada uno se paga a sí mismo.

Es bastante directo calcular el costo de la gratuidad universal en educación superior. Esto significa financiar con gasto público una parte de lo que hoy es gasto privado de manera permanente en el tiempo. Este gasto privado es en total 1,7% del PIB (Ocde, 2015), pero si consideramos algunos límites en términos de años de financiamiento al estudiante (duración formal de la carrera más uno, por ejemplo) esto se estima en 1,2% del PIB.

Si consideramos que una política social permanente se financia con recursos permanentes, entonces se necesita permanentemente 1,2% del PIB. Si el gasto en esa política social crece en la misma proporción que el PIB, el gasto en relación al PIB permanece constante. Dicho de otra manera, si el gasto público que financia la gratuidad universal crece a la misma tasa que el PIB (2%, 5%, 8% u otro)  se mantiene constante en 1,2% del PIB, y por lo tanto no depende del crecimiento del PIB.

Ahora bien, si la reforma tributaria recauda el 3,2% del PIB ¿alcanzan los recursos para la gratuidad universal en educación superior? En teoría sí: 3,2% es mayor a 1,2%. Sin embargo, el gobierno ha señalado que solamente un 2,2% del PIB va destinado a educación y también ha dicho que de este 2,2%, sólo un 30% iría destinado a educación superior, es decir, 0,66% del PIB. Eso obviamente no cubre el 1,2% que se necesita para la gratuidad universal en educación superior.

Por lo que hasta ahora ha comunicado el gobierno, éste ha optado por limitar los recursos necesarios para la gratuidad universal en educación superior, gastando estos fondos en otras políticas y focalizando su gasto social, como tradicionalmente lo hacía la Concertación y como le aconseja la oposición. Es más, el gobierno tampoco ha optado -hasta ahora- por diseñar un impuesto a los graduados más ricos para complementar lo que se necesita adicionalmente, u otro impuesto.

Por lo tanto, entiendo que el Ejecutivo ha optado por renunciar a la idea de establecer que la educación superior sea un derecho social. No por escasez de recursos ni por el crecimiento del PIB, sino por una determinación política que privilegia la focalización, con la consecuencia de mantener la mercantilización por sobre derechos sociales.

Fuente original: La Tercera, publicado el 23 de julio de 2015