Lucro y educación

Uno de los pilares de la reforma educativa que impulsa el actual gobierno es el fin al lucro en la educación. Esto se enmarca en el principal objetivo de esta reforma, que es transformar la educación en un derecho social.

Las razones para establecer este cambio son de diversa índole. Más de 30 años de lógicas de mercado en las políticas educativas en nuestro país no han sido exitosas. El lucro -el corazón del mercado- promete que mayores utilidades económicas se generan solamente mejorando la calidad del producto producido. Pero eso no pasa con la educación. Zubizarreta, Paredes y Rosenbaum (2014) encuentran que el rendimiento académico de estudiantes que se cambian de una escuela pública a una privada con fines de lucro empeora tanto en Matemáticas como en Lenguaje, en relación con los que se cambian a una escuela sin fines de lucro.

Sin embargo, más importante que eso, la educación no es un producto y, por lo tanto, su calidad no puede ser medida en sus resultados. La educación es un proceso, complejo y multidimensional, y lo que puede ser es evaluada en ese proceso. Por eso, las características de las instituciones que participen en el sistema importan. Entre ellas, que sean instituciones cuyo objetivo sea mejorar la experiencia educativa de todos los niños y no la maximización de utilidades económicas para el dueño.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo exige que en un plazo de dos años, los establecimientos particulares subvencionados deberán transformarse en sociedades sin fines de lucro. Esto es una señal importante y así debe ser leída por todos los actores del sistema educativo. Las reglas han cambiado y el comportamiento debe cambiar consecuentemente.

Ahora bien, dada la experiencia que tenemos en educación superior, es importante regular que efectivamente no se desvíen utilidades a pagos laborales o arriendos excesivos y contratos con empresas relacionadas. Por ese motivo, el proyecto también incluye regulaciones para evitar “hacer trampa”. Sin embargo, una idea más exigente, pero probablemente más efectiva, es introducir penas civiles para quienes se demuestre que lucran. Así es en Estados Unidos para quienes violan la ley antimonopolio: cada violación de esta ley puede llevar, como pena, multas civiles y consecuencias punitivas bajo el derecho penal. Esto desincentiva el no cumplimiento de la ley y castiga consecuentemente la violación de la norma.

Cuando una institución educativa viola una ley de no lucro, afecta no sólo al Estado, los padres y los niños de esa institución, sino también a la sociedad en su conjunto. Lo que se pierde es la confianza en el sistema educativo y las reglas que lo sustentan, cosa que en nuestro país ya está bastante deteriorada. Se requieren señales fuertes, que logren recomponer estas confianzas y esperemos que la Superintendencia de Educación logre este objetivo.

Fuente original: Voces La Tercera, publicado el 26 de septiembre de 2014