Reforma Educacional: de lógicas de mercado a lógicas de derecho social

Hay tres resultados bastante elocuentes que son muestra de lo que el funcionamiento de las lógicas de mercado en la educación suelen implicar: alto componente de gasto privado en el gasto en educación, concentración de la oferta educativa (segregación urbana), segmentación de la demanda (segregación educacional) y  mal entendimiento de la “calidad” educativa.

Por eso mismo, en la mayoría de los países no se usan soluciones de mercado en la educación. La reforma educacional del gobierno propone cambiar estas lógicas de mercado por lógicas de derecho social. En un primer proyecto plantean reemplazar gasto privado por gasto público, organizar protocolos de acceso a las instituciones que respondan a normas públicas y exigir normas de funcionamiento público como derecho social en establecimientos privados subvencionados, poniendo fin al lucro. Además, esto supone un cambio en la forma en que medimos calidad, focalizándonos en el proceso educativo y, por ende, exigiendo más integración.

Primero, el gráfico 1 muestra el gasto total en educación como porcentaje del PIB (línea roja) y el gasto privado en educación como porcentaje del PIB (barras azules). Esto muestra que en general no hay tantas diferencias en el porcentaje del gasto total que se va a educación. La línea roja es bastante estable. Chile presenta un gasto total de 7%, por ejemplo, entre los más altos de la muestra. Sin embargo, este gasto total en los diferentes países proviene de distinta forma en cuanto su composición privada. Podemos ver que en Finlandia casi la totalidad del gasto total en educación (que es del 6%), es gasto público, mientras que en Chile cerca del 3% es privado y 4% es público. Este dato es muestra del uso del modelo de mercado de la educación en las políticas educativas de Chile: cada uno paga lo que puede pagar.

Un segundo resultado es la distribución geográfica altamente concentrada de las instituciones educativas (Ver Tabla 4 en columna “Los desafío de lo Público en la Educación Superior”). El mercado de la educación incentiva la creación de instituciones privadas donde hay demanda o consumidores (que pueden pagar), por lo tanto, prolifera en lugares de altos ingresos (universidades de la cota mil), aumentando aún más la segmentación y la desigualdad. Este dato muestra el desorden que produce el uso del modelo de mercado de la educación. En el mercado nadie está preocupado de organizar la pertinencia de las instituciones, ya que éste por definición llegaría a un óptimo equilibrio. 

El tercer resultado tiene que ver con la segregación al interior de las instituciones educativas. En escolar, por ejemplo, los datos Pisa nos muestran que tenemos el peor índice de inclusión horizontal o indicador de las diferencias de estatus económico, social y cultural de los estudiantes al interior de las escuelas (OCDE, 2011). En educación superior, podemos ver también que hay una gran segregación al interior de las instituciones como muestra Meneses (2011). Cuando la educación es provista por el mercado, cada uno accede a lo que su ingreso le permite, la población se segrega por nivel de ingreso al interior de las instituciones educativas.

Otra característica del modelo de mercado en la organización del sistema educativo tiene que ver con lo que se entiende por “calidad”. Bajo esta lógica, la calidad se mide en el resultado (SIMCE): los economistas hablamos de resultados de una función de producción educacional. Por lo tanto, lo que importa son los buenos “productos”, no importa cómo, no importa el proceso educativo. De hecho, he escuchado muchas veces decir no importa que la población este segregada en escuelas públicas y privadas, lo que importa es que sean de igual calidad. Cabe notar lo parecido que suena a esta defensa de la segregación racial en Estados Unidos en otra época: “no importa que haya escuelas para negros y otras para blancos, lo que importa es que sean de igual calidad”. Cuando se cae en la trampa de creer que la calidad del proceso educativo no importa, no importa la selección, no importa el financiamiento compartido, no importa el lucro. Es decir, no importa la segregación.

Lo interesante es notar que este “modelo” de mercado se implantó en Chile sin seguir ninguna experiencia real exitosa. Se siguió una idea teórica, no una idea real.

La reforma educacional planteada por el actual gobierno establece un cambio en las lógicas que guían las políticas públicas en el sistema educativo, para ser organizado como un derecho social. Esto se inspira, a diferencia de la reforma de 1980, en que en el mundo desde hace ya muchas décadas, los sistemas educativos identificados como los más exitosos del mundo funcionan de esta manera. Esta nueva lógica tiene consecuencias en diferentes aspectos.

En primer lugar, esto significa que la sociedad entiende que el acceso a esta dimensión del bienestar no depende del nivel de ingreso, sino de la condición de ciudadanía y la identificación de las necesidades de cada uno de sus ciudadanos. Por eso se financia con impuestos. No quiere decir que dicha política social se transforme en un regalo, sino que se transforma en un beneficio que está al alcance de todos cuando cumplamos los protocolos de acceso y que todos financiamientos vía impuestos. (Ver recuadro en inglés con respecto a la creación del servicio nacional de salud británico: “Tu nuevo Sistema Nacional de Salud empieza el 5 de Julio: ¿Qué es? ¿Cómo lo obtienes? Te proveerá con toda la atención médica, dental y de cuidados que necesites. Todos –ricos o pobres, hombres, mujeres o niños– pueden usarlo. No hay que pagar, excepto por algunos ítemes especiales. No hay que calificar para estar asegurado. Pero no es “caridad”. Ustedes, todos van a pagar por éste, principalmente a través de impuestos, y reducirá sus preocupaciones de dinero en tiempos de enfermedad.”)

Bajo esta nueva lógica, entonces, el gasto privado es reemplazado con gasto público (vía reforma tributaria): eliminación gradual del copago (Chile se acerca al lado izquierdo en gráfico 1).  Además, como las condiciones de acceso no pueden discriminar a los niños y a los jóvenes en forma arbitraria, los mecanismos de ingreso a los establecimientos educacionales deben responder a ciertas lógicas públicas (protocolos de admisión). En otros países, por ejemplo, el niño o niña atiende a la escuela que le queda más cerca. En nuestro país actualmente la decisión de ingreso está puesta en las instituciones, donde cada una sigue la regla que más le acomoda, produciéndose situaciones bastante insostenibles que rayan en lo inmoral. Por eso, el primer proyecto presentado por el gobierno intenta regular el ingreso a las escuelas.

Bajo esta nueva lógica es importante que las instituciones que participen en el sistema sigan reglas públicas. La oferta educativa se organice de tal manera que exista garantía de existencia de escuelas cercanas y que la educación sea provista sin fines de lucro. Las escuelas privadas subvencionadas no se crean siguiendo lógicas de mercado, sino de necesidades en términos de proyectos educativos, por ejemplo. En general, uno podría pensar que la existencia de la escuela pública debería estar garantizada para todo niño o niña.

El proyecto no ha planteado el reemplazo de escuelas privadas subvencionadas por escuelas públicas, pero sí ha planteado que las escuelas privadas subvencionadas se sujeten a normas públicas (sin fines de lucro e incorporadas en los protocolos públicos de acceso). Eso es importante, ya que estas escuelas están financiadas igualmente por el Estado y actualmente representan el 50% de la matrícula.

Bajo esta nueva lógica, la calidad del sistema educativo no se mide en el resultado, sino en el proceso. Se entiende que el proceso educativo forma también valores. Por lo tanto, es importante que las escuelas sean más integradas económica, social y culturalmente.

Algo que se debe esperar igualmente son los cambios en los mecanismos de financiamiento. El financiamiento público no debe estar guiado por el subsidio a la demanda (voucher), sino que en función de los costos reales de las instituciones de proveer educación de igual calidad a una población diversa en características específicas de localización, vulnerabilidad de los estudiantes y costo de la docencia.

Recalco una vez más que este cambio de paradigma que se ha planteado no sigue a ningún gurú o equivalente. Es lo que guía las políticas sociales de los regímenes de bienestar socialdemócratas, en los que se observan los mayores grados de igualdad social, donde el principio de universalidad se aplica de modo sistemático: clase media y obrera se benefician de un alto nivel de protección social, con un importante rol del Estado.

Finalmente, no es algo que nació en los países nórdicos, porque ellos tienen otra cultura. La ministra de Educación de Finlandia nos explicaba el año pasado en una conferencia en la Universidad de Chile, que el sistema educativo que tenían en su país –el más exitoso del mundo- había sido fruto de un triunfo político de los socialdemócratas a fines de la década del 60, en el cual establecieron la idea que la educación es un derecho de la ciudadanía. Agregaba, además, que ellos tenían que defender su sistema educativo cada día.

Por eso, la reforma educacional no solamente debe ser vista como una propuesta técnicamente correcta y financieramente posible, sino como una propuesta de política pública que responde a cierta visión política de construir un país más socialdemócrata.

Fuente original: Voces La Tercera, publicado el 1 de septiembre de 2014