¿Una reforma coherente?

Los hechos estilizados son los siguientes. Primero, Chile es un país altamente desigual y concentrado económicamente. De hecho, las estimaciones señalan que el 1% más rico se lleva casi el 30% del ingreso (López et al, 2013), lo que ha ido aumentando en el tiempo (Atria et al 2018), dejando a Chile como unos de los países más concentrados del mundo.

Segundo, Chile es un país con baja recaudación fiscal, esta carga tributaria llega a 21% del PIB cuando el promedio OCDE es 34%. Tercero, Chile es un país que después de impuestos y transferencias no reduce la desigualdad, lo que contrasta con los países de la OCDE en donde ésta baja en 40%. Es más, Guillaud, Olckers y Zemmour (2017) señalan que, excluyendo pensiones, los impuestos progresivos tienen un mayor rol en reducir la desigualdad que las transferencias en la mayoría de los países OCDE.

Cuarto, el país enfrenta altas demandas sociales por mejores servicios públicos en salud y educación, al menos, y mejores pensiones. Quinto, la deuda pública ha aumentado en los últimos años, lo que indica que se requieren más ingresos fiscales para poder mantener una política fiscal responsable.

Adicionalmente, hay bastante consenso en que las consecuencias de la propuesta del gobierno llamada “modernización tributaria” son que probablemente disminuya la recaudación tributaria y esta disminución favorezca principalmente a los más ricos (mayor parte de la disminución de la recaudación beneficia a las grandes empresas), por lo tanto, hará el sistema tributario más regresivo. ¿Es coherente la propuesta del gobierno?

Los gobiernos de derecha tradicionalmente han impulsado la minimización del gasto fiscal, entre otras cosas. Esto bajo la idea de que aumentará el crecimiento económico. Sin embargo, la evidencia indica que menores impuestos no necesariamente generan mayor crecimiento económico (Gale y Samwick, 2016). De hecho, una propuesta como la presentada por el gobierno actual podría perjudicar el crecimiento económico ya que, o disminuye la inversión pública en capital humano o aumenta la deuda pública. Esto último es preocupante dada la experiencia que nos deja la última gran crisis financiera de hace 10 años. Según Wolfgang Streeck (2017), la crisis fue antes de legitimidad del capitalismo, ya que las grandes empresas influyeron fuertemente, tanto en gobiernos de derecha como de centroizquierda, en leyes para la desregulación del sistema financiero y políticas de endeudamiento fiscal (bajos impuestos). Las consecuencias negativas para la democracia y el sistema político han sido innegables. Se culpa especialmente a la centroizquierda de haberse creído el cuento de no ser “duros” y ser “amables” con las grandes empresas.

La propuesta del gobierno es muy coherente ideológicamente con un gobierno de derecha. Aunque no con los hechos estilizados ni con la evidencia. Esperemos que la oposición sí muestre la coherencia que se necesita. Ya sabemos las consecuencias que puede tener una crisis de legitimidad.

Fuente original: La Tercera, publicado el 3 de septiembre de 2018