Salud para el que se enferma

Las palabras del ahora ex presidente de la Asociación de Isapre (“las Isapres no pueden darse el lujo de atender gente enferma”) no pudieron haber descrito mejor el problema que tenemos en el sistema de salud chileno.

La cobertura de atención médica en Chile es proporcionada por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), con cobertura adicional a través de aseguradoras de salud privadas, o por las Instituciones de Salud Previsional (Isapre). Fonasa cubre alrededor de 13,5 millones de personas (78%) y las Isapres cubren alrededor 3,3 millones (18%), el otro 4% tiene seguro de las Fuerzas Armadas.

Fonasa tiene ingresos por las cotizaciones legales (36%) de sus afiliados y por aportes fiscales directos (64%) que en total suman del orden de $ 6,3 billones; las Isapres tienen ingresos por las cotizaciones legales (70%) y por las cotizaciones adicionales (30%) que en total suman unos $ 2,4 billones. Llevado a pesos per cápita, los ingresos per cápita de Fonasa son $ 38.700 mensuales, mientras los ingresos per cápita de las Isapres son $ 60.600 mensuales. Esta desigualdad surge por lo que se conoce como el “descreme” (precios altos, no preexistencias). Si las Isapres quieren tener altas utilidades deben cobrar lo más posible y gastar lo menos posible. Es decir, deben tener afiliados que tengan altos ingresos y tengan una muy baja probabilidad de enfermarse. No pueden “darse el lujo” de otra cosa. Entonces, los ingresos que reciben (bastante más altos en per cápita que Fonasa) financian gastos y utilidades, mientras en Fonasa los ingresos van íntegros a cubrir prestaciones de personas más riesgosas y de menores ingresos.

Ahora bien, la justicia chilena ha sentenciado que las prácticas de “descreme” son ilegales. Ante esto hay dos caminos. Uno es eliminar la posibilidad de “descreme” y por lo tanto tratar de eliminar su razón de existencia, que es maximizar utilidades, o financiar sus utilidades con recursos públicos, que es lo que está proponiendo el gobierno. Alternativamente, crear un seguro universal, el cual reciba las cotizaciones legales de todos y cubra las prestaciones de todos. Si esto se complementa con un aumento de aporte fiscal directo el país se acerca a países como Canadá o Inglaterra en donde el gasto público en salud es más del 7%.

Esto tendría beneficios universales. Los recursos de cotizaciones legales de las actuales Isapres serían destinados íntegramente a financiar prestaciones, terminando con el lucro en los aportes obligatorios y gastos en administración excesivos. Eventualmente se pueden mantener los seguros privados voluntarios como los hay hoy, pero mejor regulados. Finalmente, al estar todos en el seguro universal se pueden redistribuir mejor los riesgos, hacer más eficiente la red pública de salud y mejorar la cobertura de las prestaciones de todos. Es decir, habría salud para todo el que se enferme.

Fuente original: La Tercera, publicado el 29 de abril de 2019