Una transacción económica, ¿resuelve un conflicto?

Desde la economía hay quienes señalan que el “intercambio” a precios de mercado es la solución a un problema político (Lerner, 1972)[1]. Por una parte, es una oportunidad para los agentes involucrados de cooperación para aprovechar los beneficios generados por la división social del trabajo (beneficio en términos económicos del intercambio entre alguien que toca el piano y un(a) modelo, por ejemplo). Y adicionalmente, este involucra un conflicto inherente entre quienes intercambian en cómo repartir este beneficio social que se genera por esta división social del trabajo (Grillo y Polo, 1993)[2]. Una vez hecho el intercambio a precio de mercado, entonces, este es el resultado de la solución de este conflicto inherente. El mercado entonces reduciría el conflicto.

Sin embargo, hay decisiones económicas e intercambios que están lejos de no generar conflicto y así lo muestran los datos en Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un listado con más de 100 conflictos socio-ambientales en el país[3]. El observatorio de huelgas laborales de COES reportó más de 400 huelgas el año 2016[4]. Estos conflictos en general surgen porque un pequeño grupo de personas o empresas toman una determinada decisión económica sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades a las cuales esa decisión afecta. Al mismo tiempo que no existen mecanismo de compensación. Los beneficios de estas decisiones se concentran en unas pocas manos mientras los costos son asumidos por las comunidades. Con el agravante de que muchos de estos beneficios se generan producto de inversiones públicas y existencia de recursos naturales, lo que no tiene que ver con la productividad de esas pocas personas (dueñas de esas decisiones) sino con la suerte o el acceso a información privilegiada al cual estas personas acceden. Es decir, no tiene que ver con el mérito de estas.

Uno de estos casos es el que se ha generado con las inversiones inmobiliarias en la ciudad de Santiago. Una inmobiliaria compra paños de suelo a precios bajos antes de que llegue el metro (sabiendo que llegará el metro en algún momento). Una vez construido el metro inmobiliarias construyen sus grandes proyectos habitacionales y de otro tipo, generando grandes rentas para ellas y grandes costos para la comunidad, tanto en el proceso de construcción como después de construido. La comunidad afectada, sin embargo, no tuvo voz. En el mercado, la voz de esta comunidad no existe. Estaría si en el proceso de decisión de dicha inversión se considerara su opinión, pero en general en un sistema económico, social y político como el chileno, esto no está.

Alternativas a este problema que genera el funcionamiento del capitalismo han sido discutidas por Hanhel y Olin Wright (2014)[5], quienes muestran que una forma de distribuir mejor pasa por democratizar la economía. Lo que significa que los ciudadanos puedan afectar una decisión económica en función de cuanto los afecta esta decisión. Y, por ende, se puedan en realidad redistribuir tanto el poder de decisión como los beneficios económicos y también los costos que estas generan, junto con reducir claramente el conflicto. Una mejor sociedad, más igualitaria, más democrática y que al mismo tiempo invierte y crece.

[1] Lerner, Abba, “The Economics and Politics of Consumer Sovereignty,” American Economic Review 62,2 (May 1972):258–266.

[2] Grillo M., Polo M. (1993) Political Exchange and the Allocation of Surplus: A Model of Two-Party Competition. In: Breton A., Galeotti G., Salmon P., Wintrobe R. (eds) Preferences and Democracy. International Studies in Economics and Econometrics, vol 28. Springer, Dordrecht.

[3]  http://mapaconflictos.indh.cl/conflicto/listado

[4] https://www.coes.cl/wp-content/uploads/2017/07/N6_Informe-completo-Observatorio-Huelgas-Laborales.pdf

[5] Hahnel, Robin and Wright, Eric Olin Alternatives to Capitalism: Proposals for a Democratic Economy New Left Project 2014.

Fuente original: La Tercera, publicado el 19 de marzo de 2018